La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que transpuso la Directiva 2004/35/CE, establece en España un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental, basado en los principios de “prevención” y de que “quien contamina, paga”. Como adelantamos en una entrada de este mismo blog el pasado día 17 /01/2014, esta ley ha sido recientemente modificada por la Ley 11/2014, BOE nº 162 de 4/7/2014.
La modificación que entró en vigor el día 5 refuerza los aspectos preventivos mediante el fomento de los análisis de riesgos medioambientales como herramienta de gestión del riesgo medioambiental y mejora y aclara distintos aspectos relacionados con las garantías financieras (mecanismo que permite a los operadores hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que se pretenda desarrollar). También supone una reducción de las cargas administrativas a los operadores económicos y simplifica el procedimiento de constitución de la garantía financiera por lo que dota de una mayor eficacia a la actuación de las administraciones. Como novedad, amplía el concepto de daño medioambiental a las aguas.
Se introduce un nuevo artículo 17 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 17 bis. Fomento de las medidas de prevención y evitación de daños medioambientales.
Las autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de riesgos medioambientales entre los operadores de cualquier actividad susceptible de ocasionar daños medioambientales, con la finalidad de lograr una adecuada gestión del riesgo medioambiental de la actividad.».
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