El proceso internacional de liberalización del comercio ligado al de la globalización se ha traducido en un significativo aumento de las exportaciones mundiales durante las últimas dos décadas que junto con la gran diversidad de canales de distribución han propiciado en los últimos años la aparición de fraudes, tanto en la provisión externa de materias primas por parte de la industria alimentaria como en la propia comercialización al usuario final de los productos alimentarios.
La crisis acaecida en 2013 con las hamburguesas de vacuno que contenían carne de caballo supuso un antes y un después en la lucha contra el fraude alimentario, fue el impacto de esta crisis, que afectó prácticamente a todos los países de la Unión Europea, lo que hizo que se encendieran todas las alarmas tanto de la administración sanitaria como del propio sector agroalimentario, abanderando esta cruzada algunas de las normas de certificación alimentaria más importantes como BRC e IFS, cuyos protocolos recientemente actualizados, recogen requisitos específicos dirigidos al control de proveedores y materias primas que permitan minimizar el riesgo de introducir materias primas fraudulentas en el proceso de producción.
Pero remontémonos en el tiempo, el Código Babilónico de Hammurabi ya sancionaba, hace unos 4.000 años, las adulteraciones alimentarias, incluso en época de los romanos se castigaba con severidad el aguado del vino, aún perdura en la memoria colectiva el caso que se produjo en los años 80 con el «aceite de colza desnaturalizado» y las fatales consecuencias que tuvo, en 2006 fueron intervenidos 76.000 litros de aceite de girasol en Cataluña al ser comercializados como Aceite de Oliva Virgen o Virgen Extra, además de incorporar colorante E-141, la adulteración de leche con melamina en China en el año 2008 , la operación policial “Mamma mia” en 2016, con la retirada del mercado en Italia de dos millones de kilos de aceite de oliva por fraude en el etiquetado y más recientemente, en este mismo año 2018, la Operación Tarantelo, coordinada por Europol, un trabajo de un año de investigaciones que se ha saldado con la detención de 79 personas (todas españolas) y la incautación de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita.
Como respuesta a este tipo de situaciones, la Unión Europea crea en 2013 la red de prevención del fraude alimentario Food Fraude Network (FFN) incluyendo asimismo en sus políticas y estrategias de control oficial un incremento de los planes de control analítico dirigidos a la detección del fraude alimentario.
El fraude alimentario es un término que se aplica en distintas situaciones tales como la sustitución, adición, manipulación o presentación engañosa de alimentos, ingredientes alimentarios o envasado de alimentos, realizada de forma deliberada e intencionada. También tendrían esta consideración aquellas afirmaciones o declaraciones falsas o engañosas hechas sobre un producto con el fin de obtener un lucro económico.
Un caso especial de fraude es el que tiene que ver con adulteraciones o engaños en las declaraciones de “identidad preservada”, información engañosa relacionada con la procedencia u origen específico de determinados productos de calidad diferenciada (denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas, etc), la declaración de una variedad o tipo de materia prima, el estatus asegurado de la producción (producción integrada, producción ecológica, GlobalGAP…), o bien relacionados con determinados métodos de producción (Halal, Kosher).
Para que un suceso de este tipo se considere fraude alimentario debe reunir las siguientes características:
- La existencia de un incumplimiento de la legislación alimentaria o se induce a error al consumidor.
- Se trata de una acción intencionada.
- Supone un lucro económico para el operador que lo realiza.
El control del fraude en la industria alimentaria requiere un esfuerzo continuo por parte de todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción primaria pasando por el transporte, procesado, almacenamiento, envasado, distribución y comercialización.
No podemos conformarnos exclusivamente con el control y la vigilancia por parte de la administración, sino que la propia industria alimentaria debe erigirse como la primera barrera contra el fraude, para ello es necesario incorporar en los sistemas de gestión la seguridad alimentaria, perfectamente alineado con la gestión de la trazabilidad, una evaluación de riesgo del fraude y la determinación de los puntos críticos de control, teniendo en cuenta, distintos aspectos que enumeramos a continuación:
- Los antecedentes históricos de fraudes asociados a las materias primas utilizadas o a los productos elaborados; para ello se puede consultar la información procedente de organismos profesionales, fuentes gubernamentales u otros recursos privados para estar informados y actualizados sobre los episodios fraudulentos en un sector determinado, como por ejemplo la información disponible en el Portal RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) de la Comisión Europea.
- La propia estacionalidad de determinados productos que pueden hacerlos más “apetecibles” en determinadas épocas del año.
- Las coyunturas geopolíticas y económicas de los países de origen de las materias primas, de los países de tránsito y de los propios canales de distribución o suministro.
- El “estatus” de nuestros proveedores, ya sean establecimientos productores finales, distribuidores, agentes o brokers, es decir, si nos ofrecen o no garantías adicionales como por ejemplo, sistemas de gestión de la calidad y/o de la seguridad alimentaria certificados. Si bien es cierto que para disponer de este “conocimiento” sobre nuestros proveedores, se hace imprescindible establecer un riguroso sistema de evaluación para su aprobación u homologación inicial y el seguimiento de los mismos que permita un análisis en continuo de los proveedores, tanto de materias primas, material de envasado así como de procesos subcontratados si procede.
Así pues, con toda esta información de entrada vamos a poder evaluar la probabilidad de que un episodio de fraude se presente para cada una de nuestras provisiones externas.
El otro parámetro a considerar para culminar la evaluación del riesgo de fraude siguiendo un modelo bidimensional es la mayor o menor “detectabilidad” del fraude ¿Cuán sencillo resulta detectarlo? Es decir, la necesidad de utilizar ensayos muy complejos o por el contrario protocolos muy sencillos basados en parámetros de tipo organoléptico o de caracterización físico-química.
Una de las forma más eficaces de implementar un buen sistema de control del fraude alimentario, aun sin disponer de un certificado de aseguramiento de la calidad o de la seguridad alimentaria, es la de ponerse en manos de profesionales expertos que gracias al profundo conocimiento del tejido empresarial del sector alimentario y de las constantes variables que afectan a sus actividades, darán con la solución más adecuada para tu Empresa. ¡Hablamos!
